Google prefiere no olvidar

Miguel Ernesto Gómez Masjuan • La Habana, Cuba

Google no olvida nunca. Al menos, a esa conclusión podemos llegar después de analizar la protesta de un ciudadano español y las denuncias de Edward Snowden, dos hechos que no guardan una relación directa; pero sí ilustran el interés que tiene el buscador más utilizado en el mundo por controlar uno de los bienes más cotizados del siglo XXI: la información.

Imagen: La Jiribilla

En una esquina de la página 23 del diario español La Vanguardia apareció publicado, en 1998, un anuncio del Ministerio del Trabajo sobre una subasta de un inmueble que pertenecía al abogado Mario Costeja González quien había incumplido con determinados pagos.

Durante 15 años, probablemente casi nadie haya notado ese brevísimo artículo; pero el medio de comunicación decidió digitalizar todas sus ediciones y colocarlas online. Ahí entraron en acción las “arañas” de los buscadores, especialmente las de Google, y todo ese contenido quedó indexado en las bases de datos de los motores de búsqueda.

Cuando Costeja tecleó su nombre en Google, el primer resultado que devolvió el algoritmo fue, precisamente, aquel artículo que, de seguro, el español había querido olvidar, porque lo presentaba como deudor y casado; pero desde hacía mucho tiempo ya no era ninguna de las dos cosas. Por tanto, Costeja protestó ante los tribunales y exigió que Google retirara esa información de sus bases de datos, amparado en lo que se conoce como “derecho al olvido”.

Este parece ser uno de los temas actuales más polémicos sobre la privacidad de la información en Internet. Cada vez más personas abogan por el derecho a impedir que los buscadores indexen determinadas informaciones que los involucren, porque consideran que estas pueden resultar perjudiciales para sus intereses o, incluso, porque desean que sea olvidada. 

Costeja acudió en 2010 con su reclamo a la Agencia española de Protección de Datos y esta presentó el caso ante el Abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para Costeja, lo más importante era que “las personas pudieran tener intimidad” y “escoger dónde salir”. Además, reconoció que la privacidad estaba cada vez más amenazada y que era preocupante ver cómo los gobiernos espiaban sin descanso a ciudadanos de todo el mundo.

Finalmente, el dictamen preliminar estableció que Google no tenía la obligación de borrar contenido a petición de una persona y que la responsabilidad de corregir la información, si fuera errónea, correspondía a la fuente original, en este caso, al diario La Vanguardia.

Esta decisión, que se convertiría en sentencia definitiva en diciembre, no fue sorpresiva. Google no puede eliminar la información de su origen; aunque sí podría desindexarla, es decir, no incluirla en sus bases; pero difícilmente lo haga, porque su modelo de negocios se basa en el manejo de esos amplios volúmenes de datos que sustentan, dicen, la gratuidad de las búsquedas y de otros servicios que ofrecen, entre ellos Gmail.

 “No estamos en contra del derecho al olvido, pero no somos propietarios de esa información”, argumentó una portavoz de Google, al conocer el fallo del tribunal. Hasta aquí todo parece comprensible; sin embargo, esta posición contrasta con las revelaciones de Edward Snowden quien asegura que los servicios de espionaje de EE.UU. y Gran Bretaña han recopilado gigantescas cantidades de datos personales, ofrecidos por empresas privadas “colaboradoras”, como Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, Skype, YouTube y Apple.

Entonces, por un lado Google recurre a la tan manipulada “libertad de expresión” para bloquear cualquier intento de las personas por eliminar contenido; sin embargo, luego comparte los datos recopilados de sus usuarios —desde preferencias de búsquedas, sitios visitados hasta correos electrónicos— con agencias de espionaje, supuestamente amparados en la “lucha contra el terrorismo”.

Quizá los tribunales, no solo en Europa, puedan establecer, para beneplácito de las empresas, que los buscadores no tienen la obligación de cumplir con el “derecho al olvido”; pero también deberían dejar muy claro qué pueden o no hacer esas mismas empresas con los datos que, voluntariamente, los internautas colocan online cada día.

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