Made in USA: masacres cíclicas

La Vanguardia • España

Fuente: Efe | Washington

La masacre que sacudió este lunes Washington DC, el centro neurálgico y militar de Estados Unidos, ha puesto de manifiesto una vez más las grietas en el sistema de seguridad estadounidense, incapaz de frenar ataques incluso en sus instalaciones más vigiladas. Aunque los atentados del 11 de septiembre de 2001 tuvieron como consecuencia una de las mayores mejoras de seguridad a lo largo y ancho de EE.UU., apenas pasan unos meses sin que el país despierte a otra masacre, a menudo en lugares públicos y a manos de individuos que esquivaron los controles de seguridad o de acceso a las armas.

El último episodio de este calado en una instalación militar se produjo en noviembre de 2009, cuando el comandante Nidal Malik Hasan acabó a tiros con la vida de 13 personas en la base de Fort Hood (Texas). Tras aquella tragedia, el Pentágono revisó los procedimientos de seguridad de las instalaciones militares en todo el país, así como las revisiones de antecedentes tanto de miembros de las Fuerzas Armadas como del personal externo contratado. Sin embargo, nada de esto sirvió como lección para evitar la muerte de doce civiles este lunes en la capital del país.

"Creo que al menos parte de lo que pasó aquí, desde que se implantaron las mejoras en la seguridad tras el 11S, se debe a que hemos ido perdiendo y perdiendo (fuerza) en los procedimientos de seguridad", explicó a Efe el experto en seguridad nacional del centro de estudios "Heritage Fundation", Steve Bucci. El especialista agrega que, según su experiencia, para entrar en las instalaciones de la Armada en Washington atacadas ayer, uno apenas tiene que mostrar un documento válido de identificación, y que ni siquiera las bolsas o mochilas son registradas.

Pero aparte de estos procesos, Bucci considera que aunque sea complicado evitar un episodio como este, las agencias federales deben incrementar las revisiones de antecedentes de sus empleados. "El autor de la masacre de este lunes entró de manera legal a las instalaciones. Y pese a todos sus problemas con las armas, con las fuerzas de seguridad y sus ya obvios problemas mentales, continuaba teniendo acceso a una instalación de ese tipo", apuntó. 

Aaron Alexis, presunto autor del suceso y también muerto durante el tiroteo al ser abatido por la policía, trabajaba como contratista para las Fuerzas Armadas, y había obtenido, como cualquier otro de los 3.000 trabajadores que se encontraban allí, una tarjeta de acceso oficial. "Alguien debió haber parado su expediente en algún momento", insistió el especialista en seguridad nacional. Alexis, de 34 años y contratista para las Fuerzas Armadas en Fort Worth (Texas), "tenía problemas mentales por los que pidió ayuda al Departamento de Veteranos varias veces. Tenía episodios (de descontrol) por los que estaba tratando de conseguir tratamiento", explicó hoy el exasistente de dirección del FBI John Miller.

"Dijo que oía voces, perdía la consciencia de la realidad en ciertas ocasiones. Buscó tratamiento varias veces en varios lugares y también terminó frustrado (en su búsqueda)", agregó. Varias fuentes cercanas al caso han afirmado que Alexis adquirió la escopeta que usó en el tiroteo de manera legal en una tienda de armas en el estado de Virginia, pese a sus supuestos trastornos. El presidente de EE.UU., Barack Obama, no ha tardado en vincular ese hecho con su campaña para reforzar el control de armas, y hoy subrayó su preocupación por la reticencia del Congreso a aprobar esa legislación cuando "cada tres o cuatro meses" hay un tiroteo masivo.

"El hecho de que no tengamos un sistema lo suficientemente firme para la revisión de antecedentes es algo que nos hace más vulnerables a estos tipos de tiroteos masivos", dijo Obama en una entrevista con la cadena televisiva Telemundo. Además de reabrir el debate sobre el control de armas, la matanza ha cuestionado los estándares de seguridad estadounidenses, y ha recordado, según apunta Bucci, "que hay que permanecer vigilantes".

Como ya hiciera en 2009 con el caso de Fort Hood, Obama ya ha ordenado una revisión de los métodos de seguridad que se siguen para el acceso a las agencias federales; mientras que el secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha ordenado medidas similares para todas las instalaciones militares estadounidenses en todo el mundo. Y es que, según una auditoría del Inspector General del Pentágono, cuyos resultados se publicarán en los próximos días, al menos 52 criminales convictos han tenido acceso indebido a instalaciones militares en años recientes, algo que para EE.UU. se está convirtiendo en más que una asignatura pendiente.

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