Opiniones

La Jiribilla • La Habana, Cuba

Una ley que abra caminos al cine y al audiovisual cubanos
Arturo Arango

La Ley de Cine es una necesidad impostergable para el crecimiento del cine y el audiovisual cubano. Existe una (la 169, de marzo de 1959) que creó al Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC), y, además, sentó las bases teóricas para el desarrollo del cine cubano. Allí, entre otros “por cuantos”, se reconoce ante todo que “el cine es un arte”.

Se fundamenta también que “el cine constituye, por virtud de sus características, un instrumento de opinión y formación de la conciencia individual y colectiva, y puede contribuir a hacer más profundo y diáfano el espíritu revolucionario y a sostener su aliento creador”, y además que “el cine, como todo arte noblemente concebido, debe constituir un llamado a la conciencia y contribuir a liquidar la ignorancia, a dilucidar problemas, a formular soluciones y a plantear, dramática y contemporáneamente, los grandes conflictos del hombre y la humanidad”.

Son principios cuya vigencia es indudable. Pero la realidad cubana y los modos de producción han cambiado mucho. Ahora mismo hablamos de “cine y audiovisual”. El segundo de esos términos apenas existía en 1959. Además, desde inicios de los 90 el Estado cubano dejó de ser el mecenas omnipotente que podía echarse sobre las espaldas todo lo que se realizara en el país. Y las tecnologías han variado considerablemente, y lo seguirán haciendo en un futuro inmediato. La vida, que suele mandar sobre las leyes, ha impulsado a muchos realizadores —fundamentalmente jóvenes pero sin dudas de todas las edades posibles—, a emprender la producción de películas financiadas de otro modo, con equipos de trabajo muy pequeños, y a veces en asociación más o menos permanente, o decidiendo que lo hacen solo para una película, corto o largometraje, documental o ficción. Esas productoras que suelen llamarse independientes o no estatales carecen hoy de respaldo legal. Existen en un limbo, lo que las limita y hace muy precario su trabajo.

En cuanto al ICAIC, el consenso entre los cineastas es que debe fortalecerse en sus funciones como garante de la política cultural cinematográfica y audiovisual, y ser el centro desde donde se equilibre todo el sistema. Si antes el sistema se concentraba casi exclusivamente en ese centro, ahora ha crecido, se ha diversificado, y es necesario ese Instituto que dialogue con todos, y lo haga con instrumentos legales claros para que, en lugar de limitar sus funciones, las potencien.

¿Cuál sería la mejor manera de financiar las productoras no estatales? La experiencia de otros países de la región aconseja que se cree un Fondo de Fomento: una suerte de bolsa alimentada con presupuesto estatal pero también con dinero procedente de impuestos y de otros aportes de diverso tipo. La Ley tiene que regular el funcionamiento de ese Fondo, establecer cómo se distribuirán los recursos de la manera más limpia y consensuada posible. Hay también personas o grupos que han adquirido equipos que las productoras estatales y no estatales necesitan. ¿Cómo trabajarán, cómo se relacionarán con las productoras?

La legislación en torno al cine y al audiovisual está formada por muchos retazos, por parches. Hay que ponerse por encima de esos pedazos y pensarlo todo de manera global y sistémica.

La Ley de Cine sería el instrumento legal que definiría las funciones, los deberes y los derechos de cada una de las partes, y las relaciones entre cada una de ellas. Porque tampoco se pueden olvidar otros eslabones del proceso, como la exhibición y la conservación del patrimonio.

En fin, que la realidad ha ido complejizando el sistema y es necesario definir las responsabilidades de todos y, a la vez, despojarnos de muchísimas trabas que hoy entorpecen el natural crecimiento del cine y el audiovisual cubanos.

En años recientes, en varios países de América Latina se han gestado nuevas leyes de cine. Las caracteriza el hecho de que han sido promovidas y concebidas por los artistas (como lo fue la Ley fundadora del ICAIC), y, en los mejores casos, que han sido pensadas a favor del cine nacional, en defensa del patrimonio y la cultura de cada uno de esos países, y en oposición a la hegemonía colonialista de los principales centros de producción y distribución.

En Venezuela, Colombia, República Dominicana y Ecuador, por ejemplo, se ha potenciado de manera notable la creación cinematográfica, la relación de los espectadores con el cine de sus países y también la conservación del patrimonio. En algunos de esos países, por su tradición, el crecimiento es más lento, más irregular; en otros, más vital, más palpable. Los cineastas que concibieron y lograron esas leyes pudieron, en países como Colombia, oponerse a acuerdos tan perversos como el Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

Ya sabemos que ninguna Ley hace el arte. Las escuelas tampoco hacen a los artistas. Los forman, les ahorran tiempo, les allanan el camino. Esta Ley a que aspiramos debe abrir caminos al cine y al audiovisual cubanos.

 

Un logro para los creadores audiovisuales
Lourdes de los Santos

El cobro por exhibición por parte de los creadores audiovisuales fue una batalla librada a partir del 7mo. Congreso de la UNEAC, desde 2003: establecer e implementar la resolución 72 del Ministro de Cultura que autorizaba y tarifaba el pago del derecho de autor en los creadores audiovisuales cuando sus obras era trasmitidas por la televisión o exhibidas en cines o salas de video, un hecho justo pues estos, quienes solo cobraban la producción de su obra.

Fue un logro que se respetara este derecho y se implementara su pago a través de la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (ACDAM), agencia que gestiona el derecho de autor de los músicos.

La ACDAM al inicio solo cobraba los derechos de los músicos y a partir de este momento empezó a gestionar los de los creadores audiovisuales y escénicos, ampliándose su cometido considerablemente, y para lo cual parece estar idealmente preparada.

Esta institución cuenta con un mecanismo a lo largo de todo el país que se ocupa de gestionar los derechos y ese mismo mecanismo sirve para los de otras manifestaciones; lo que tiene que ir perfeccionándose en la medida que vaya ganando en experiencia.

Hasta ahora ha gestionado y conveniado con los institutos cubanos de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), y de Radio y Televisión (ICRT). A partir de los reportes que estos hacen, factura y les cobra los derechos de los creadores. Le falta todavía gestar convenios con los productores de audiovisuales, como las disqueras, los canales de circuito cerrado como Aerovisión, los de los